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Trámites para la solicitud de medidas de apoyo a personas con discapacidad

¿QUIÉN NECESITA APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA?

La capacidad jurídica se refiere a la habilidad de tomar decisiones sobre la propia persona y patrimonio. Según la Convención, las personas con discapacidad son aquellas con deficiencias a largo plazo que, al enfrentarse a barreras, pueden impedir su participación plena en la sociedad. No todos necesitan apoyos para ejercer su capacidad jurídica.

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Las personas con discapacidades físicas o sensoriales generalmente no requieren apoyos, a menos que tengan otras formas de discapacidad. Sin embargo, aquellos con discapacidades mentales o intelectuales pueden necesitar apoyos, especialmente si tienen dificultades en la comprensión o la organización del pensamiento. En casos de discapacidad intelectual, algunas personas pueden necesitar ayuda para ejercer su capacidad jurídica debido a dificultades en la comprensión o planificación de decisiones.

Personas con enfermedades mentales graves o trastornos neuropsiquiátricos, como la enfermedad de Alzheimer, podrían requerir apoyos debido a alteraciones en la memoria, comprensión o valoración de la información necesaria para tomar decisiones. Es importante destacar que la mayoría de las personas con discapacidad no necesitarán apoyos, y se debe considerar que todas las personas son, en principio, autónomas y capaces, requiriendo apoyos solo después de una evaluación cuidadosa.


¿QUÉ ES LA PROVISIÓN DE APOYOS A LAS PERSONAS PARA EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA?

La nueva regulación busca proporcionar apoyo a personas que lo necesiten, abarcando tanto aspectos patrimoniales como personales. En lugar de incapacitar a alguien con discapacidad, se enfoca en adoptar medidas pertinentes para brindar el apoyo necesario en la toma de decisiones. La capacidad jurídica es igual para todas las personas con discapacidad, adaptándose el apoyo según sus necesidades. Estas medidas deben respetar la dignidad y los derechos fundamentales, ajustándose a los principios de necesidad y proporcionalidad. Quienes brindan apoyo deben considerar la voluntad y preferencias de la persona, facilitando su proceso de toma de decisiones. En casos excepcionales, cuando no se puede determinar la voluntad, se pueden incluir funciones representativas, considerando la trayectoria vital, creencias y valores de la persona con discapacidad. La Sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2021 respalda medidas de apoyo incluso si van en contra de la voluntad de la persona, justificando que el trastorno impide una conciencia clara de la situación.

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Cesar Martin
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